A diario tratamos este tema en despachos sin dar la importancia que requiere el asunto. La prensa no es capaz tampoco de plasmar la situación existente.
Los procesos de legalización iniciados hace tiempo por muchas parcelaciones ya consolidadas hace años han sido una más de las pésimas gestiones que se han realizado por parte del equipo de gobierno de IU-PSOE a lo largo de doce años.
El problema del parcelismo, como se le llama, no es sino una dejación de funciones y de responsabilidades por parte de la administración local y regional que ha derivado en un descontrol de la edificación y ahora causa grave daño a parte de los cordobeses.
Se ha permitido que algunos propietarios, seguramente con buenas relaciones políticas, hayan aparcelado terrenos en distintas zonas de Córdoba y que llenaran sus bolsillos con la venta, legal, de los mismos. Este es el testimonio que se deriva de varios afectados.
La Gerencia de Urbanismo y el Ayuntamiento de Córdoba han mirado hacia otro lado y han gestionado a capricho la situación pues no todos los ciudadanos propietarios de parcelas han sido tratados de igual manera dependiendo de si eran de un parecer político u otro o de si tenían algún contacto en el sitio adecuado.
El por qué de esta afirmación viene de la información que entre propietarios se transmite. Se sabe quién ha recibido agua mientras a otros se le negaba, o lo mismo ha ocurrido con la luz o los asfaltados o los alumbrados. Ha estado gestionado el favor de manera que en documentación poco se podrá justificar pero sí hemos visto en repetidas ocasiones cómo algunos recibían y otros pagaban.
No sé cómo consienten estos políticos de izquierdas que se ponga ni siquiera en duda quién sufraga los gastos ocasionados en las parcelaciones cuando saben perfectamente que son los propietarios quienes depositan las cantidades necesarias e incluso realizan las gestiones a pesar de que hay algunos a los que les ha llovido del cielo. Claro que estos últimos son pocos frente a los que se encuentran sufragando gastos de distinta naturaleza e impuestos. De aquí se cumple el refrán de: unos mean en lata y no suena y otros lo hacen en lana y atrona.
En el gobierno que recién comienza, la dirección correcta debe ser la de una gestión eficaz carente de bulos y fantasías en la que de verdad el cordobés de a pie sepa qué es lo que se hace realmente en el ámbito de las parcelas. La existencia de numerosas familias que residen en parcelas es un hecho comprobado y la intención de estabilizarse definitivamente en las mismas como vivienda habitual es más que una tendencia.
Se debe aclarar con datos qué es lo que los propietarios de parcelas han pagado a lo largo de los años y qué es lo que manifiestan que están dispuestos a pagar. No existe diferencia alguna entre el residente en una parcelación y el residente en cualquier otra zona de la ciudad pues, al igual que los demás, se trata de ciudadanos de pleno derecho que no están abrigados debido al capricho de la ley que no los ha contemplado con seriedad a lo largo de muchos años.
Contemplando la situación real de cada una de las parcelaciones y buscando soluciones independientes y apropiadas para cada cual, Urbanismo llegará a culminar procesos de legalización que se deberán acometer supeditados a las posibilidades económicas y sociales de cada caso.
Se debe desterrar esa idea que los políticos de izquierdas tuvieron de considerar la legalización de parcelas como una gran tarta de la que tomar una porción para pasar a contemplarlas como una realidad que precisa solución real. Los procesos de regularización no pueden sino enriquecer a toda la ciudad y se abre la posibilidad de reactivar el mercado desde el punto de vista de la construcción pues se habilitan espacios para la formación de nuevos núcleos de viviendas.
Resumiendo: en las parcelas viven propietarios a los que alegalmente se les ha dejado establecerse en las mismas y esto ha originado una situación a día de hoy inaguantable e insostenible. El problema existe y es necesario darle solución. Mirar hacia otro lado no nos lleva a buen fin.
