domingo, 11 de diciembre de 2011

COOPERACION US COMPENSACION: LOS DILEMAS DE LOS PORTAVOCES

La verdadera solución a las parcelaciones pasaría por una regulación urbanística efectiva y eficiente. Llevamos años sufriendo la dilación de los procesos de legalización de numerosas parcelaciones por distintos motivos.
En mi más humilde opinión, el mal estado de esta realidad es una LOUA que adolece de varios defectos y necesita una reparación urgente. No se ha frenado tajantemente la construcción pues muchos hicieron caso omiso a la coacción, los procesos de regularización iniciados hace una década están paralizados en su mayoría y, además, la falta de claridad e información han generado desconfianza entre los distintos propietarios que ha paralizado numerosos planes parciales.
Se hace necesario un cambio real, calculado y garantizado, de la ley de ordenamiento urbanístico de la Junta de Andalucía, el cual en ningún caso se debería realizar a espaldas de los legítimos propietarios de las parcelas. Éstos mejor que nadie saben dónde les aprieta el zapato en estos momentos y pueden aportar alternativas a ciertas cuestiones de esta ley que merecen la pena ser escuchadas. A fin de cuentas, son los implicados directamente afectados por estas circunstacias y su voz y voto deben contar. 
Se me olvida comentar que en muchas parcelaciones se están pagando impuestos como el IBI o el de transmisión patrimonial al escriturar entre otros. También se costean como hace cualquier otro ciudadano de nuestra ciudad residente en otro tipo de barrio servicios que se abonan mediante tasas de distinta naturaleza o se pagan los servicios básicos recibidos con facturas idénticas a las enviadas a otras zonas de Córdoba y con los mismos conceptos. Queda ya fuera de lugar desde hace muchos años ese prejuicio establecido del parcelista delincuente que merece que le tiren su casa pues no es tan distinta la carga que éstos soportan a todos los niveles que la que se da en otros barrios de la ciudad. Sí es verdad que lo que sí queda es una atención precaria en varios sentidos que vienen disfrutando los residentes en otras zonas de la ciudad (colegios, transporte, centros de salud, centros comerciales, limpieza, carreteras, etc.). Sabemos que los impuestos no dan una correspondencia directa en servicios a los contribuyentes como sí lo hacen las tasas pero ha de quedar de manifiesto que se están pagando para ir aclarando ciertas opiniones y sentencias equívocas.


Actualmente, a nivel municipal, se han abierto con la intención de agilizar trámites todas las vías posibles para desbloquear procesos de legalización. La realidad de la opción entre sistema de cooperación o de compensación ofrecida está generando incertidumbre, aunque son asuntos de los que el mismo propietario ha de ser asesorado e informado por el equipo redactor que contrata en cuanto a los pros y los contras de cada opción  y en cada caso.


Señores, el camino está abierto pero ahora le toca a los propietarios centrar su interés y ser coherentes consigo mismos. No podemos abrir debates inanes que no nos llevan a ningún sitio y no podemos intentar hacer prevalecer nuestra palabra o decisión sobre la de los demás sólo por ser presidentes de una asociación o parcelación. 


Cada propietario es soberano en su terreno y en su economía. El camino tiene entrada y en nuestras manos está que tenga salida. Precisamente los principales escollos a salvar que nos vamos encontrando no vienen del ámbito municipal sino del autonómico con esa LOUA de difícil aplicación. Negociemos de cara a las próximas elecciones las vías que los candidatos pueden abrir para corregir los defectos legales y sumémonos al carro. Está bien la unión pero no así la imposición.

Cuando uno se erige en portavoz de una mayoría, si no se es humilde y no se posiciona uno donde realmente ha de estar, se corre el riesgo de creer que se tiene la posesión de la única verdad. En este momento, se puede cometer la imprudencia de fijar el dardo en la diana equivocada. Hay momentos en los que hay que ser imperativo pero hay otros muchos en los que se requiere tener una buena mano izquierda para dar buenos capotazos y llegar a un punto medio en el diálogo. La prepotencia y el creer que se tiene la verdad absoluta no conducen sino al fracaso.

Yo soy dueña de mi vida. Conozco de primera mano cuáles son mis necesidades y cuáles son mis posibilidades. Cuando se me plantea un problema, por lo general trato de razonarlo y buscarle las soluciones posibles. Escucho las alternativas de voz de otras personas. Pero cuando estoy en una encrucijada, no quiero que nadie hable en mi nombre pues si me he de equivocar lo he de hacer yo misma y yo he de ser responsable de lo que digo. De lo que no quiero ser responsable es de lo que digan otros en mi nombre y yo no pueda controlar. Cada cual ha de aguantar su vela y ser consecuente con sus actos. De esta forma creo que cada propietario es soberano en su decisión y no hay presidente, representante o juntero que lo pueda ningunear. 


Cierto es que debe haber un orden y que hay personas que tienen más posibilidades de manejar según qué cuestiones. Pero también es cierto que nunca se han de apartar de la realidad, no levantar los pies del suelo y siempre considerarse en el camino sólo uno más.


No quiero hacer alarde de estar en la posesión de la verdad sino que sólo pretendo transmitir cómo creo que se deben manejar los asuntos de la mayoría por parte de sus representantes. Trataré de guiarme de esta manera en mi recorrido y sólo espero no equivocarme. Firme pero prudente, luchadora y leal, cabal y exigente, persona antes que lider. Sólo pido que ante mis errores quepa disculpa.






sábado, 10 de diciembre de 2011

PARCELACIONES Y PERIFERIA: ALEGAL

La realidad existente en las parcelaciones es diversa pero real. A lo largo de más de cuarenta años las personas han ido adquiriendo en propiedad porciones de terreno desgajadas de grandes fincas en las que el uso dado a estas propiedades ha ido variando también a lo largo del tiempo.
Lo que surgió en principio como una forma de pasar el fin de semana con una casa de construcción precaria junto a algunos habitantes fijos por necesidad o costumbre (algunos eran antiguos colonos al servicio de terratenientes) ha pasado a ser una forma de vida que aglutina a un 15% de la población cordobesa, al menos reconocida estadísticamente en algunos organismos.
Al margen de la legalidad urbanística vigente en cada momento han surgido verdaderos barrios de distribución horizontal que poco a poco se han ido dotando de algunos servicios básicos, si bien, no es generalizada esta situación. Hay numerosas viviendas carentes de este derecho al suministro de agua y luz. También han surgido distintos tipos de negocios que si bien poseen documentación legal respecto a su actividad es cierto que los locales y las naves no cumplen con la legalidad exigida por Urbanismo.

La actuación del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía a lo largo de los años ha sido cambiante en cuanto a la importancia dada a este fenómeno y en cuanto a la forma de actuar al respecto.
Referente al tramo de tiempo que conozco de primera mano, lo que ahora nos afecta es la LOUA de 2002, según la cual se sientan las bases definitivas para la legalización de las parcelaciones y la total prohibición de nuevas construcciones.
Las sanciones se fijan como delito y consisten en porcentajes altísimos aplicables al valor de la construcción que van de un 75% a un 150% en zonas reconducibles y de un 150% a un 300% en zonas de especial protección. Tomada la vía penal se piden condenas de prisión y multa. Una vivienda de calidad media se ha valorado en el expediente de sanción, por técnicos cualificados supuestamente, en unos 400 euros o algo más por metro cuadrado. De esta manera hay quien se ha encontrado con que su vivienda estaba tasada por encima de lo que realmente le ha costado construirla.
Durante un tiempo existió la creencia de que las multas no se harían efectivas porque prescribirían pero la realidad ha sido bien distinta. Las multas han llegado a los propietarios años después de estar habitando las viviendas. Se han puesto en manos de abogados y no todo el mundo ha acertado con el profesional contratado de manera que en numerosos casos las sanciones han sido defendidas con tal incompetencia que en los años de recursos y recursos han llegado a aumentar considerablemente su cuantía.
El resultado es una masa de habitantes con su parcela como primera residencia que se ven incapaces de afrontar a estas alturas de crisis y desempleo estas cantidades deshorbitadas ( estamos hablando de 45.000, 60.000, 110.000 y hasta más de 180.000 euros). El resultado de la gestión de cobro definitiva de estas sanciones sería el embargo de bienes, de la propiedad en sí y de las nóminas. Doy fe de que muchas familias se quedarían en la calle y también que son personas trabajadoras y padres/madres de familia.


El Ayuntamiento no es un banco que de financiación pero también es cierto que en este tipo de bienes, las parcelas, el embargo y la salida a subasta no es rentable al Consistorio por lo general pues no todas las propiedades están escrituradas o ni tan siquiera segregadas, lo cual las hace poco atractivas para los posibles postores. 
El hecho de dejar familias en la calle es un problema aparejado al anterior pues tendríamos a personas con derecho a una vivienda digna fuera de su casa, construida con su dinero, y que ahora es ocupada por otros a un precio inferior a lo que les costó a sus legítimos propietarios y además estando la vivienda en la misma situación de ilegalidad que antes del embargo.
Como vemos, el problema es intenso, complejo, sangrante y acuciante. Sobre todo es un problema real reflejo de una realidad social insalvable que no desaparecerá.

viernes, 9 de diciembre de 2011

LUZ Y AGUA, CONDICIONES MINIMAS

Un problema que hoy día existe en las parcelaciones de muchas provincias es la falta de servicios básicos ignorando la premisa constitucional del derecho a una vivienda digna para todo español y obviando la necesidad real creada.

Las expectativas depositadas en el nuevo decreto de regulación de asentamientos de viviendas prometido por la Junta de Andalucía se han quedado tan sólo en eso, expectativas.

La situación judicial de estos hechos provocada por la propia Junta socialista que lleva más de treinta años gobernando nuestra comunidad califica por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la concesión de servicios básicos como luz y agua un delito por parte de las empresas suministradoras.

Esto nos lleva a comprobar una vez más cómo la prensa que hoy tenemos en nuestros hogares es en su mayoría un altavoz de las tácticas sucias que esos responsables gobernantes de la Junta vienen utilizando desde hace demasiado tiempo.
Se publicita ampliamente que el nuevo decreto de la Junta de Andalucía dará servicios básicos a las parcelas pero la realidad es bien distinta pues no aparecen condiciones concretas para ello ni hay un asomo de que lo haya en un futuro. Además tiene el proceso más largo de aprobación de la historia: primero en mayo de 2011, luego en octubre de este año y ahora se deja para diciembre. Y lo más curioso es que en ninguna de esas fechas se ha aprobado.