La realidad existente en las parcelaciones es diversa pero real. A lo largo de más de cuarenta años las personas han ido adquiriendo en propiedad porciones de terreno desgajadas de grandes fincas en las que el uso dado a estas propiedades ha ido variando también a lo largo del tiempo.
Lo que surgió en principio como una forma de pasar el fin de semana con una casa de construcción precaria junto a algunos habitantes fijos por necesidad o costumbre (algunos eran antiguos colonos al servicio de terratenientes) ha pasado a ser una forma de vida que aglutina a un 15% de la población cordobesa, al menos reconocida estadísticamente en algunos organismos.
Al margen de la legalidad urbanística vigente en cada momento han surgido verdaderos barrios de distribución horizontal que poco a poco se han ido dotando de algunos servicios básicos, si bien, no es generalizada esta situación. Hay numerosas viviendas carentes de este derecho al suministro de agua y luz. También han surgido distintos tipos de negocios que si bien poseen documentación legal respecto a su actividad es cierto que los locales y las naves no cumplen con la legalidad exigida por Urbanismo.
La actuación del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía a lo largo de los años ha sido cambiante en cuanto a la importancia dada a este fenómeno y en cuanto a la forma de actuar al respecto.
Referente al tramo de tiempo que conozco de primera mano, lo que ahora nos afecta es la LOUA de 2002, según la cual se sientan las bases definitivas para la legalización de las parcelaciones y la total prohibición de nuevas construcciones.
Las sanciones se fijan como delito y consisten en porcentajes altísimos aplicables al valor de la construcción que van de un 75% a un 150% en zonas reconducibles y de un 150% a un 300% en zonas de especial protección. Tomada la vía penal se piden condenas de prisión y multa. Una vivienda de calidad media se ha valorado en el expediente de sanción, por técnicos cualificados supuestamente, en unos 400 euros o algo más por metro cuadrado. De esta manera hay quien se ha encontrado con que su vivienda estaba tasada por encima de lo que realmente le ha costado construirla.
Durante un tiempo existió la creencia de que las multas no se harían efectivas porque prescribirían pero la realidad ha sido bien distinta. Las multas han llegado a los propietarios años después de estar habitando las viviendas. Se han puesto en manos de abogados y no todo el mundo ha acertado con el profesional contratado de manera que en numerosos casos las sanciones han sido defendidas con tal incompetencia que en los años de recursos y recursos han llegado a aumentar considerablemente su cuantía.
El resultado es una masa de habitantes con su parcela como primera residencia que se ven incapaces de afrontar a estas alturas de crisis y desempleo estas cantidades deshorbitadas ( estamos hablando de 45.000, 60.000, 110.000 y hasta más de 180.000 euros). El resultado de la gestión de cobro definitiva de estas sanciones sería el embargo de bienes, de la propiedad en sí y de las nóminas. Doy fe de que muchas familias se quedarían en la calle y también que son personas trabajadoras y padres/madres de familia.
El Ayuntamiento no es un banco que de financiación pero también es cierto que en este tipo de bienes, las parcelas, el embargo y la salida a subasta no es rentable al Consistorio por lo general pues no todas las propiedades están escrituradas o ni tan siquiera segregadas, lo cual las hace poco atractivas para los posibles postores.
El hecho de dejar familias en la calle es un problema aparejado al anterior pues tendríamos a personas con derecho a una vivienda digna fuera de su casa, construida con su dinero, y que ahora es ocupada por otros a un precio inferior a lo que les costó a sus legítimos propietarios y además estando la vivienda en la misma situación de ilegalidad que antes del embargo.
Como vemos, el problema es intenso, complejo, sangrante y acuciante. Sobre todo es un problema real reflejo de una realidad social insalvable que no desaparecerá.
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