Un problema que hoy día existe en las parcelaciones de muchas provincias es la falta de servicios básicos ignorando la premisa constitucional del derecho a una vivienda digna para todo español y obviando la necesidad real creada.
Las expectativas depositadas en el nuevo decreto de regulación de asentamientos de viviendas prometido por la Junta de Andalucía se han quedado tan sólo en eso, expectativas.
La situación judicial de estos hechos provocada por la propia Junta socialista que lleva más de treinta años gobernando nuestra comunidad califica por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la concesión de servicios básicos como luz y agua un delito por parte de las empresas suministradoras.
Esto nos lleva a comprobar una vez más cómo la prensa que hoy tenemos en nuestros hogares es en su mayoría un altavoz de las tácticas sucias que esos responsables gobernantes de la Junta vienen utilizando desde hace demasiado tiempo.
Se publicita ampliamente que el nuevo decreto de la Junta de Andalucía dará servicios básicos a las parcelas pero la realidad es bien distinta pues no aparecen condiciones concretas para ello ni hay un asomo de que lo haya en un futuro. Además tiene el proceso más largo de aprobación de la historia: primero en mayo de 2011, luego en octubre de este año y ahora se deja para diciembre. Y lo más curioso es que en ninguna de esas fechas se ha aprobado.
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