LA REALIDAD DE LA MODIFICACION DE LA LOUA PUBLICITADA PERO NO EXISTENTE AUN

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 Es tal la indignación que sentimos muchos propietarios de parcelas por la situación actual que ahí os dejo parte de la expresión del malestar ante semejante tomadura de pelo. Síguelo en este enlace.

http://arreglemoscordoba.blogia.com/

COOPERACION US COMPENSACION: LOS DILEMAS DE LOS PORTAVOCES

La verdadera solución a las parcelaciones pasaría por una regulación urbanística efectiva y eficiente. Llevamos años sufriendo la dilación de los procesos de legalización de numerosas parcelaciones por distintos motivos.

En mi más humilde opinión, el mal estado de esta realidad es una LOUA que adolece de varios defectos y necesita una reparación urgente. No se ha frenado tajantemente la construcción pues muchos hicieron caso omiso a la coacción, los procesos de regularización iniciados hace una década están paralizados en su mayoría y, además, la falta de claridad e información han generado desconfianza entre los distintos propietarios que ha paralizado numerosos planes parciales.

Se hace necesario un cambio real, calculado y garantizado, de la ley de ordenamiento urbanístico de la Junta de Andalucía, el cual en ningún caso se debería realizar a espaldas de los legítimos propietarios de las parcelas. Éstos mejor que nadie saben dónde les aprieta el zapato en estos momentos y pueden aportar alternativas a ciertas cuestiones de esta ley que merecen la pena ser escuchadas. A fin de cuentas, son los implicados directamente afectados por estas circunstacias y su voz y voto deben contar. 

Se me olvida comentar que en muchas parcelaciones se están pagando impuestos como el IBI o el de transmisión patrimonial al escriturar entre otros. También se costean como hace cualquier otro ciudadano de nuestra ciudad residente en otro tipo de barrio servicios que se abonan mediante tasas de distinta naturaleza o se pagan los servicios básicos recibidos con facturas idénticas a las enviadas a otras zonas de Córdoba y con los mismos conceptos. Queda ya fuera de lugar desde hace muchos años ese prejuicio establecido del parcelista delincuente que merece que le tiren su casa pues no es tan distinta la carga que éstos soportan a todos los niveles que la que se da en otros barrios de la ciudad. Sí es verdad que lo que sí queda es una atención precaria en varios sentidos que vienen disfrutando los residentes en otras zonas de la ciudad (colegios, transporte, centros de salud, centros comerciales, limpieza, carreteras, etc.). Sabemos que los impuestos no dan una correspondencia directa en servicios a los contribuyentes como sí lo hacen las tasas pero ha de quedar de manifiesto que se están pagando para ir aclarando ciertas opiniones y sentencias equívocas.


Actualmente, a nivel municipal, se han abierto con la intención de agilizar trámites todas las vías posibles para desbloquear procesos de legalización. La realidad de la opción entre sistema de cooperación o de compensación ofrecida está generando incertidumbre, aunque son asuntos de los que el mismo propietario ha de ser asesorado e informado por el equipo redactor que contrata en cuanto a los pros y los contras de cada opción  y en cada caso.


Señores, el camino está abierto pero ahora le toca a los propietarios centrar su interés y ser coherentes consigo mismos. No podemos abrir debates inanes que no nos llevan a ningún sitio y no podemos intentar hacer prevalecer nuestra palabra o decisión sobre la de los demás sólo por ser presidentes de una asociación o parcelación. 


Cada propietario es soberano en su terreno y en su economía. El camino tiene entrada y en nuestras manos está que tenga salida. Precisamente los principales escollos a salvar que nos vamos encontrando no vienen del ámbito municipal sino del autonómico con esa LOUA de difícil aplicación. Negociemos de cara a las próximas elecciones las vías que los candidatos pueden abrir para corregir los defectos legales y sumémonos al carro. Está bien la unión pero no así la imposición.

Cuando uno se erige en portavoz de una mayoría, si no se es humilde y no se posiciona uno donde realmente ha de estar, se corre el riesgo de creer que se tiene la posesión de la única verdad. En este momento, se puede cometer la imprudencia de fijar el dardo en la diana equivocada. Hay momentos en los que hay que ser imperativo pero hay otros muchos en los que se requiere tener una buena mano izquierda para dar buenos capotazos y llegar a un punto medio en el diálogo. La prepotencia y el creer que se tiene la verdad absoluta no conducen sino al fracaso.

Yo soy dueña de mi vida. Conozco de primera mano cuáles son mis necesidades y cuáles son mis posibilidades. Cuando se me plantea un problema, por lo general trato de razonarlo y buscarle las soluciones posibles. Escucho las alternativas de voz de otras personas. Pero cuando estoy en una encrucijada, no quiero que nadie hable en mi nombre pues si me he de equivocar lo he de hacer yo misma y yo he de ser responsable de lo que digo. De lo que no quiero ser responsable es de lo que digan otros en mi nombre y yo no pueda controlar. Cada cual ha de aguantar su vela y ser consecuente con sus actos. De esta forma creo que cada propietario es soberano en su decisión y no hay presidente, representante o juntero que lo pueda ningunear. 


Cierto es que debe haber un orden y que hay personas que tienen más posibilidades de manejar según qué cuestiones. Pero también es cierto que nunca se han de apartar de la realidad, no levantar los pies del suelo y siempre considerarse en el camino sólo uno más.


No quiero hacer alarde de estar en la posesión de la verdad sino que sólo pretendo transmitir cómo creo que se deben manejar los asuntos de la mayoría por parte de sus representantes. Trataré de guiarme de esta manera en mi recorrido y sólo espero no equivocarme. Firme pero prudente, luchadora y leal, cabal y exigente, persona antes que lider. Sólo pido que ante mis errores quepa disculpa.

PARCELACIONES Y PERIFERIA: ALEGAL

La realidad existente en las parcelaciones es diversa pero real. A lo largo de más de cuarenta años las personas han ido adquiriendo en propiedad porciones de terreno desgajadas de grandes fincas en las que el uso dado a estas propiedades ha ido variando también a lo largo del tiempo.

Lo que surgió en principio como una forma de pasar el fin de semana con una casa de construcción precaria junto a algunos habitantes fijos por necesidad o costumbre (algunos eran antiguos colonos al servicio de terratenientes) ha pasado a ser una forma de vida que aglutina a un 15% de la población cordobesa, al menos reconocida estadísticamente en algunos organismos.

Al margen de la legalidad urbanística vigente en cada momento han surgido verdaderos barrios de distribución horizontal que poco a poco se han ido dotando de algunos servicios básicos, si bien, no es generalizada esta situación. Hay numerosas viviendas carentes de este derecho al suministro de agua y luz. También han surgido distintos tipos de negocios que si bien poseen documentación legal respecto a su actividad es cierto que los locales y las naves no cumplen con la legalidad exigida por Urbanismo.

La actuación del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía a lo largo de los años ha sido cambiante en cuanto a la importancia dada a este fenómeno y en cuanto a la forma de actuar al respecto.

Referente al tramo de tiempo que conozco de primera mano, lo que ahora nos afecta es la LOUA de 2002, según la cual se sientan las bases definitivas para la legalización de las parcelaciones y la total prohibición de nuevas construcciones.

Las sanciones se fijan como delito y consisten en porcentajes altísimos aplicables al valor de la construcción que van de un 75% a un 150% en zonas reconducibles y de un 150% a un 300% en zonas de especial protección. Tomada la vía penal se piden condenas de prisión y multa. Una vivienda de calidad media se ha valorado en el expediente de sanción, por técnicos cualificados supuestamente, en unos 400 euros o algo más por metro cuadrado. De esta manera hay quien se ha encontrado con que su vivienda estaba tasada por encima de lo que realmente le ha costado construirla.

Durante un tiempo existió la creencia de que las multas no se harían efectivas porque prescribirían pero la realidad ha sido bien distinta. Las multas han llegado a los propietarios años después de estar habitando las viviendas. Se han puesto en manos de abogados y no todo el mundo ha acertado con el profesional contratado de manera que en numerosos casos las sanciones han sido defendidas con tal incompetencia que en los años de recursos y recursos han llegado a aumentar considerablemente su cuantía.

El resultado es una masa de habitantes con su parcela como primera residencia que se ven incapaces de afrontar a estas alturas de crisis y desempleo estas cantidades deshorbitadas ( estamos hablando de 45.000, 60.000, 110.000 y hasta más de 180.000 euros). El resultado de la gestión de cobro definitiva de estas sanciones sería el embargo de bienes, de la propiedad en sí y de las nóminas. Doy fe de que muchas familias se quedarían en la calle y también que son personas trabajadoras y padres/madres de familia.

El Ayuntamiento no es un banco que de financiación pero también es cierto que en este tipo de bienes, las parcelas, el embargo y la salida a subasta no es rentable al Consistorio por lo general pues no todas las propiedades están escrituradas o ni tan siquiera segregadas, lo cual las hace poco atractivas para los posibles postores. 

El hecho de dejar familias en la calle es un problema aparejado al anterior pues tendríamos a personas con derecho a una vivienda digna fuera de su casa, construida con su dinero, y que ahora es ocupada por otros a un precio inferior a lo que les costó a sus legítimos propietarios y además estando la vivienda en la misma situación de ilegalidad que antes del embargo.

Como vemos, el problema es intenso, complejo, sangrante y acuciante. Sobre todo es un problema real reflejo de una realidad social insalvable que no desaparecerá.

LUZ Y AGUA, CONDICIONES MINIMAS

Un problema que hoy día existe en las parcelaciones de muchas provincias es la falta de servicios básicos ignorando la premisa constitucional del derecho a una vivienda digna para todo español y obviando la necesidad real creada.

Las expectativas depositadas en el nuevo decreto de regulación de asentamientos de viviendas prometido por la Junta de Andalucía se han quedado tan sólo en eso, expectativas.

La situación judicial de estos hechos provocada por la propia Junta socialista que lleva más de treinta años gobernando nuestra comunidad califica por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la concesión de servicios básicos como luz y agua un delito por parte de las empresas suministradoras.

Esto nos lleva a comprobar una vez más cómo la prensa que hoy tenemos en nuestros hogares es en su mayoría un altavoz de las tácticas sucias que esos responsables gobernantes de la Junta vienen utilizando desde hace demasiado tiempo.
Se publicita ampliamente que el nuevo decreto de la Junta de Andalucía dará servicios básicos a las parcelas pero la realidad es bien distinta pues no aparecen condiciones concretas para ello ni hay un asomo de que lo haya en un futuro. Además tiene el proceso más largo de aprobación de la historia: primero en mayo de 2011, luego en octubre de este año y ahora se deja para diciembre. Y lo más curioso es que en ninguna de esas fechas se ha aprobado.

LOS DESMANES DE LA LEGALIZACION

A diario tratamos este tema en despachos sin dar la importancia que requiere el asunto. La prensa no es capaz tampoco de plasmar la situación existente.

Los procesos de legalización iniciados hace tiempo por muchas parcelaciones ya consolidadas hace años han sido una más de las pésimas gestiones que se han realizado por parte del equipo de gobierno de IU-PSOE a lo largo de doce años.
El problema del parcelismo, como se le llama, no es sino una dejación de funciones y de responsabilidades por parte de la administración local y regional que ha derivado en un descontrol de la edificación y ahora causa grave daño a parte de los cordobeses.
Se ha permitido que algunos propietarios, seguramente con buenas relaciones políticas, hayan aparcelado terrenos en  distintas zonas de Córdoba y que llenaran sus bolsillos con la venta, legal, de los mismos. Este es el testimonio que se deriva de varios afectados.

La Gerencia de Urbanismo y el Ayuntamiento de Córdoba han mirado hacia otro lado y han gestionado a capricho la situación pues no todos los ciudadanos propietarios de parcelas han sido tratados de igual manera dependiendo de si eran de un parecer político u otro o de si tenían algún contacto en el sitio adecuado.

El por qué de esta afirmación viene de la información que entre propietarios se transmite. Se sabe quién ha recibido agua mientras a otros se le negaba, o lo mismo ha ocurrido con la luz o los asfaltados o los alumbrados. Ha estado gestionado el favor de manera que en documentación poco se podrá justificar pero sí hemos visto en repetidas ocasiones cómo algunos recibían y otros pagaban.

No sé cómo consienten estos políticos de izquierdas que se ponga ni siquiera en duda quién sufraga los gastos ocasionados en las parcelaciones cuando saben perfectamente que son los propietarios quienes depositan las cantidades necesarias e incluso realizan las gestiones a pesar de que hay algunos a los que les ha llovido del cielo. Claro que estos últimos son pocos frente a los que se encuentran sufragando gastos de distinta naturaleza e impuestos. De aquí se cumple el refrán de: unos mean en lata y no suena y otros lo hacen en lana y atrona.

En el gobierno que recién comienza, la dirección correcta debe ser la de una gestión eficaz carente de bulos y fantasías en la que de verdad el cordobés de a pie sepa qué es lo que se hace realmente en el ámbito de las parcelas. La existencia de numerosas familias que residen en parcelas es un hecho comprobado y la intención de estabilizarse definitivamente en las mismas como vivienda habitual es más que una tendencia.

Se debe aclarar con datos qué es lo que los propietarios de parcelas han pagado a lo largo de los años y qué es lo que manifiestan que están dispuestos a pagar. No existe diferencia alguna entre el residente en una parcelación y el residente en cualquier otra zona de la ciudad pues, al igual que los demás, se trata de ciudadanos de pleno derecho que no están abrigados debido al capricho de la ley que no los ha contemplado con seriedad a lo largo de muchos años.

Contemplando la situación real de cada una de las parcelaciones y buscando soluciones independientes y apropiadas para cada cual, Urbanismo llegará a culminar procesos de legalización que se deberán acometer supeditados a las posibilidades económicas y sociales de cada caso.

Se debe desterrar esa idea que los políticos de izquierdas tuvieron de considerar la legalización de parcelas como una gran tarta de la que tomar una porción para pasar a contemplarlas como una realidad que precisa solución real. Los procesos de regularización no pueden sino enriquecer a toda la ciudad y se abre la posibilidad de reactivar el mercado desde el punto de vista de la construcción pues se habilitan espacios para la formación de nuevos núcleos de viviendas.

Resumiendo: en las parcelas viven propietarios a los que alegalmente se les ha dejado establecerse en las mismas y esto ha originado una situación a día de hoy inaguantable e insostenible. El problema existe y es necesario darle solución. Mirar hacia otro lado no nos lleva a buen fin.

EL SENTIMIENTO DE SER PARCELISTA

De entrada, la denominación de ``parcelista´´ resulta a todas luces inapropiada pues se ha utilizado tanto de manera incriminatoria y despectiva que definitivamente lo más correcto es la denominación ``propietario de una parcela de terreno´´. A quien posee un piso no lo llamamos pisista ni a quien tiene una casa, casista.

La realidad es abrumadora. El político hasta ahora, el que ha estado tanto tiempo en el poder, IU-PSOE, no ha bajado a respirar el aire que respiran estos ciudadanos, de primera y no de segunda. Ha tratado el fenómeno del parcelismo como algo molesto  o de interés propio según las expectativas con que lo contemplara y sobre lo que ha sido mejor mirar, según conviniera, hacia otro lado. De hecho, la Junta de Andalucía, desde hace más de treinta años en manos del PSOE, ha sido la administración que más ha errado al respecto. Su LOUA no ha servido para el propósito que se pretendía conseguir, parar la construcción ``ilegal´´. Su falta de medida del fenómeno que nos ocupa ha ocasionado graves daños a los vecinos y a las arcas. A veces ha bastado el simple capricho de una exministra de cultura en funciones en su momento en la Junta de Andalucía, la señora Calvo Poyato, para dejar fuera de juego a muchas familias que estaban regularizando su situación. Por ejemplo, las parcelas del entorno de Medina Azahara, construidas en otro tiempo con la condescendencia del Ayuntamiento.

Vivimos en un país de los que más terreno libre para construcción tiene pero en el que, por capricho de algunos políticos, está prohibido construir en él. Está prohibida la construcción salvo que interese a la administración edificar en un lugar concreto con lo que se facilita dicha acción o, en tiempos recientes y en zonas concretas, bajo la sospecha de la corrupción.

Dejando de divagar, centrémonos en el fenómeno del parcelismo.

Al propietario de una parcela y promotor de su vivienda se le tilda continuamente de delincuente, se le acusa de aprovecharse de lo que pagan los residentes ``legales´´ de una ciudad, se les echa en cara el no pagar impuestos por la propiedad y su disfrute, etc. Y NADA SE DICE BUENO. Y NADA ES VERDAD.

La realidad es bien distinta: Un vecino X llegó a una inmobiliaria LEGAL, y compró un terreno siguiendo los trámites LEGALES. Todo esto le costó dinero que consiguió trabajando LEGALMENTE y finalmente, confundido por la información que desde el Ayuntamiento y sectores afines se le daba, edificó una vivienda digna para su familia.

Otro vecino llegó y solicitó un piso de VIMCORSA que le fue concedido con toda clase de beneficios y en una zona privilegiada, por ejemplo la zona de Noreña. Este vecino tiene cochera y también cuarto trastero. Pero también resulta que otro vecino suyo, con familia y con dificultades económicas, no tuvo la SUERTE de ser agraciado con un piso de esta categoría. Como mucho, le podrán ofrecer uno en alquiler, generalmente en una zona deprimida, en la que ni siquiera la policía es capaz de poner orden.

Se me olvida que también hay quien con muchos posibles en su cuenta consigue, a su manera, que se le conceda un piso , en buena zona por supuesto, pero a nombre de algún hijo o similar sin ingresos. Finalmente, este vecino alquila el inmueble protegido porque él no va a abandonar su vivienda en zona residencial.

También nos acordaremos por supuesto del currito que compra su piso de primera o segunda mano, protegido o no, sometido a la extorsión del mercado, lo arregla como puede y comienza a habitarlo sufragando todos los gastos que ocasiona.

A pesar de ser distintas formas de adquirir una propiedad o de disfrutar de una vivienda todas han compartido en su mayoría una serie de trámites legales  que TAMBIEN CUESTAN DINERO como contratos de compraventa, gastos de notaría, escrituras, multas, hipotecas, etc. Estos trámites son comunes incluso a los propietarios de parcelas. Sí, a los propietarios de parcelas también porque ellos también pagan muchos gastos e impuestos diversos.

La mayoría de estos propietarios adquirieron su parcela con documentación válida legalmente pues o bien se hizo una escritura de la propiedad o bien se hizo un contrato pasando a formar parte de una propiedad indivisa. Ambos trámites conllevan un elevado coste para el comprador. 

Actualmente se llevan pagando ya desde hace unos años  recibos de IBI, con valoraciones de la propiedad y porcentaje recaudatorio asimilado sino igual a lo que le corresponde a una propiedad en pleno centro de Córdoba. Se realizó por parte del CATASTRO una revisión catastral que culminó con el envío a los afectados propietarios de parcelas de recibos en los que se les exigía el pago de hasta cuatro años de retroactividad en el impuesto más el corriente. Lo recaudado en este trámite supuso una buena cantidad a ingresar en las arcas. Lo malo de todo es que a pesar de pagar un IBI de primera no hay contraprestación a cambio para estos ciudadano.

Las parcelaciones que cuentan son servicios básicos, costearon la instalación de los mismos en su día. En el momento en el que se legalicen las viviendas con los respectivos planes de sectorización estas infraestructuras habrán de ser en su mayoría reinstaladas para adecuarlas a la normativa vigente del momento. Y todo el coste de las dos dotaciones corre a cargo del bolsillo de los propietarios y NO DEL CONTRIBUYENTE QUE NO ES PROPIETARIO.

Nadie habla nunca de lo recaudado y lo que está por recaudar en concepto de multas por la construcción de viviendas. Ese dinero no revierte a dia de hoy en las parcelaciones pero sí allí donde decide el Ayuntamiento que se ha de emplear. Con esto demostramos que son los propietarios de parcelas los que sufragan gastos del resto de los cordobeses. Pidan que les calculen y les digan públicamente cuánto se ha recaudado por este concepto, cuánto se espera recaudar y dónde ha sido empleado este dinero por los dirigentes de IU -PSOE.

Los coches que llegan a las parcelas,  al circular, pagan impuestos de circulación como los de cualquier cordobés, precisando comunmente más de un vehículo por vivienda, al ser la única manera de desplazarse desde los domicilios situados en las afueras y sin asistencia de un transporte público efectivo. Y, sin embargo, las vias de acceso a las parcelas no las acondiciona el Ayuntamiento sino que lo costean los propietarios de las parcelas. Las vías de acceso es otra de las partidas de infraestructuras que tendremos que sufragar por partida doble cuando se afronten las legalizaciones.

También hemos de considerar que las parcelas son un nido de trabajo. Se necesita en muchas ocasiones personal de mantenimiento, jardineros, compras de material continuada, etc. Eso sin contar con que cuando permitan la construcción este sector de la economía en Córdoba se verá afectado muy positivamente por la edificación ya LEGAL en las parcelaciones.

Por estas y por otras muchas razones es por lo que se debe dejar de demonizar a los propietarios de parcelas, si bien es un fenómeno que requiere de control, ese que nunca se ha hecho de manera efectiva.

Por esta razón ahora el nuevo gobierno municipal entrante conocedor, gracias a la labor de calle realizada, de la importancia y dimensión de esta situación pretende ordenar los procesos de legalización ofreciendo la información adecuada para llevar  a buen puerto las gestiones de regularización. La diferencia primordial va a estar en que el anterior cogobierno no dejó claras las cuestiones a los afectados, jugó a la confusión, envió equipo redactor incompetente, y creó desconfianza entre los propietarios. Ahora toca al gobierno actual, que ya está trabajando en ello, devolver esa confianza perdida en los procesos de regularización y tratar de enderezar el camino malogrado por sus antecesores. 

MUCHO TRABAJO PERO CON GANAS DE HACERLO BIEN

CUANDO SE GASTA Y NO SE INGRESA TODO TIENE FIN

Cuando se gasta lo que no se ingresa, el fin está cercano.
Al igual que en la economía doméstica, la administración debe regular el ritmo de gasto ateniéndose a los recursos con los que cuenta.
Pero ¿qué sucede en nuestro país? Los términos se invierten al respecto. Se gasta a base de endeudamientos astronómicos que nos llevan a la ruina. Todo es cuestión de inteligencia y de administración.
Antes, cuando se organizaba algún acto social o vecinal por ejemplo, el trabajo de los implicados y promovedores era primordial y, en definitiva, el alma del acto. Con la gestión que desde nuestro ayuntamiento, hasta ahora comunista-socialista, se ha hecho debido a la existencia en otros períodos de arcas saneadas hemos llegado al punto de asumir los costes de instalaciones de infraestructuras portátiles de gran coste económico para satisfacer los votos comprados a distintos colectivos. Lo que empezara como un asunto coyuntural ha llegado a convertirse con el devenir de los años en un derecho adquirido (en apariencia).
Cuando en convivencia se montaban espectáculos, peroles, verbenas, etc... nuestra existencia se enriquecía y se aprendía a trabajar sólo para lograr un bienestar interior. Así en nuestra ciudad proliferaban actos como las cruces de mayo, las verbenas, los patios, las ferias de tratantes, etc. que eran un punto de encuentro en cada uno de los barrios en los que se celebraban. Con el cambio de dinámica sólo se ha conseguido romper ese espíritu de trabajo agradecido por la autorrealización personal a título gratuito.
Dado el período intenso de crisis que estamos atravesando la necesidad de la verdadera colaboración ciudadana vuelve a ser necesaria. La administración municipal ya no puede asumir los costes de la multitud de eventos sociales que a nivel particular se planean desde los colectivos de distinta ubicación de la ciudad. Esto nos lleva al punto de partida, el que nunca se debió quedar atrás, para volver a ``arremangarnos´´ en un día de labor intensa y una noche de intenso trabajo obteniendo a cambio tan sólo un perol y unas cervezas que nos saben a gloria, acompañadas de unas risas en complicidad.
En este gobierno que ahora comienza, va  a hacer falta mucha sensatez, mucho orden, mucha capacidad de trabajo de nuestros gobernantes que habrán de seguir pendientes de la atención cuidada y sensible al ciudadano que se acerca a ellos con distintas problemáticas.
En sus manos queda tomar medidas, incluso las impopulares, para sacar a esta ciudad del caos económico en el que está sumida.h
VER NOTICIA: http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=653733